Resumen Latinoamericano, 6 noviembre 2013.Este Especial Uruguay sigue dando cuenta de lo que está ocurriendo en ese país, donde por dos vías diferentes pero que tienen un punto en común (represión e impunidad), se está produciendo una importante reacción frente a los desmanes violentos del Estado y sus instituciones. Por un lado, está el caso de la decisión judicial de procesar por “asonada” contra la Suprema Corte, un episodio de reacción importante ante lo que fue en su momento el traslado de una jueza, que era una de las pocas que quería investigar a fondo los crímenes cometidos por los militares de la dictadura. Precisamente los procesados ahora, son parte de una multitud que, indignada, se dirigió al local de la Corte para repudiar esa nueva consagración de la impunidad a la que adscribe el actual gobierno de Pepe Mujica. Los militantes juzgados son todos ellos parte de la historia combativa del Uruguay de ayer y de hoy, y por esas raras cosas de la “asimilación” que sufren los ex tupamaros que hoy gobiernan, aprueban la mala idea de detener y condenar a sus ex compañeros de lucha.
Por otra parte, están los graves hechos del barrio montevideano Santa Catalina, donde la furia policial contra los jóvenes (algo que se viene repitiendo con bastante asiduidad) se volcó esta vez contra un chico del barrio, al que asesinaron al mejor estilo del “gatillo fácil” rioplatense.
Los vecinos de Santa Catalina parecen dispuestos a no dejarles pasar una más a los esbirros policiales y por eso ganaron la calle y están peleando contra la prepotencia policial. Ahora, como siempre se empezarán a escuchar las voces de quienes, desde la comodidad de sus despachos o de su indiferencia, comenzarán a hablar de “que así se le hace el juego a la derecha”, que “al gobierno progresista hay que cuidarlo porque si no vendrán los gringos”, etc,etc, pero el problema es que cuando los pueblos pierden la paciencia (por tanto mal trato y engaño) las cosas asumen otro color. Mujica y sus muchachos no son lo que parecen, y mucho menos lo que intentan parecer, de aquellos fuegos juveniles y años heroicos de los Tupamaros poco les queda, y hoy se sientan a hablar de negocios con los banqueros o empresarios trasnacionales, o entregan el país a la megamineria y las pasteras, o justifican, como ocurre con el ex tupamaro y actual ministro del Interior, Bonomi, la represión contra los jóvenes.
Tiempo al tiempo, las cosas van quedando más claras, y esa larga siesta provinciana en que parecía haberse instalado el Uruguay, se está acabando, y comienzan a oirse gritos en la calle. Sonoros, claros, soberanos, gritos de impotencia, pero también de rebeldía. Si el poder no los escucha (algo similar ocurrió recientemente en Brasil), la marea irá creciendo incontenible. Es parte del devenir histórico, y contra ello no alcanzan policías, ministros, ni periodistas tergiversadores de la realidad.
Es por eso que este Especial apunta a dar información de lo que ocurre, rompiendo la censura que habitualmente se da en estos casos. Para ello hemos seleccionado el material que habitualmente nos envían nuestros colegas del Colectivo de Noticias Uruguayas, a los que les agradecemos su compromiso informativo.
Resumen Latinoamericano
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URUGUAY
Indignación y respuesta popular en Santa Catalina, después que la policía asesinara a un joven vecino< La indignación acumulada durante toda la jornada por la muerte de un joven a manos de la Policía, dio paso al estallido de broncan en la noche en Santa Catalina. El barrio fue cerrado y hubo violencia. VIDEO http://youtu.be/u-rs6P-DWcc Los vecinos se habían convocado a las 19 horas para realizar una marcha con velas, en protesta por el asesinato de Sergio Lemos, baleado por un policía en la noche del lunes. Sin embargo, a esa hora el barrio era un hervidero y no había clima para un reclamo pacífico. Desde las siete hasta casi las 22:00 la violencia fue aumentando y se observaba que un grupo más duro, compuesto mayoritariamente por jóvenes, estaba totalmente indignado contra la prepotencia policial. Otro momento de gran tensión se dio cuando llegó un camión de Bomberos al barrio. Un grupo de jóvenes se acercó al vehículo, a unos 50 metros del primer piquete, y mientras levantaban la mano, gritaron: “Acá no van a entrar”. A la misma vez, otro grupo empezó a gritar desde atrás del piquete para que los dejen entrar. “Dejalos que se arrimen y les rompemos todo, dale, que vengan”, decían. Los Bomberos optaron por retirarse. “Esto es para frenar a los milicos”, repetía uno de ellos mientras armaba un piquete con ayuda de otros jóvenes. Eran al menos 40 que corrían de una punta a otra de la calle Víctor Hugo y alimentaban los piquetes que cortaban la calle. Algunos incluso se movían en moto y llevaban trozos de neumáticos de un lado a otro para avivar el fuego. Además del corte principal que ardía en el ingreso al barrio, la multitud armó dos piquetes más en un cruce de calles a una cuadra y media del almacén donde todo comenzó por la rapiña. Al menos 200 personas se concentraron en ese punto y empezaron a insultar a los únicos extraños que había en el lugar: la prensa. Sobre las 19:30 encendieron uno de los piquetes y cuando los camarógrafos y fotógrafos empezaron a registrar lo que sucedía los jóvenes reaccionaron con violencia. Un par de ellos se llenaron las manos de piedras y empezaron a gritar a la prensa: “No queremos periodistas acá, queremos que paguen al pibe”. En ese momento comenzó una lluvia de piedras y amenazas contra los cronistas. Las piedras pasaron cerca de un grupo de periodistas; un móvil de prensa que estaba estacionado recibió un impacto en el techo. Minutos más tarde otro grupo apedreó una garita de seguridad (que estaba vacía y solo tenía algún mueble y un aire acondicionado), y finalmente terminó por rociar el local con combustible y prenderlo fuego. También unos 10 jóvenes se metieron al terreno de un jardín de infantes que está construyendo la ANEP y empezaron a retirar columnas de hormigón de unos tres metros de largo. Sacaron bloques y piedras y con eso formaron más piquetes. En total cortaron las calles en cinco puntos distintos. Algunos vecinos contaban que llevan 30 años viviendo en el barrio denunciaban constantes excesos de la Policía en el último tiempo. “Vienen y se meten con los que están sentados en la esquina o caminando por el barrio de noche, pero a los verdaderos chorros no los tocan”, dijo un vecino . Caía la noche y el ambiente se hacía más denso. Muchos seguían esperando que llegara la Policía, que nunca apareció. Sobre las 21 horas, los manifestantes volvieron a emprender contra la prensa. Un grupo de al menos 10 jóvenes apareció con la cara tapada, incluso uno de ellos llevaba una máscara de gas y otro tenía un cóctel molotov en la mano. Se acercaron a una camioneta del periódico La Diaria y le lanzaron debajo el explosivo. La explosión no se concretó porque al frasco con combustible se le salió la mecha. Igual, las amenazas a la prensa continuaron. Ante todo ese panorama, Santa Catalina terminó aislada. La Unión de Trabajadores de Cutcsa informó en un comunicado que las líneas “D” e “I-185″, todas con recorridos que finalizan en la terminal Santa Catalina, tienen restringido el servicio. Según la empresa, las unidades no llegan a destino desde ayer y finalizan el recorrido en la Policlínica La Sopa”, unas seis cuadras antes de la zona de ingreso al barrio. Politizado. Santa Catalina es un bastión de la izquierda combativa, la que no baja la cabeza ni se amolda al discurso del falso “progresismo”..Existe en el barrio un fuerte trabajo político a nivel de base . Allí, meses atrás el Ministerio del Interior hizo algunos arrestos preventivos luego de la asonada a la Suprema Corte de Justicia. Los vecinos de Santa Catalina, fundamentalmente, los más jóvenes, tienen activa militancia política y social en diversos temas que van desde la defensa de los derechos humanos hasta la protección del medio ambiente. Ayer, durante toda la jornada, el tupamaro histórico (y severo crítico al actual gobierno de Mujica) Jorge Zabalza cobró protagonismo al afirmar que fue testigo del asesinato y embistió contra el ministro del Interior -su excompañero en el MLN- Eduardo Bonomi. Zabalza afirmó que el policía disparó “a mansalva. Le descargó hasta el último y lo mató”. Agregó que cuando regresó de una conferencia de prensa se encontró con Santa Catalina ocupada por la Policía. “Vi patrulleros que a toda velocidad recorrían las calles, dos camionetas de la metropolitana con policías en la caja exhibiendo las armas y algún disparo al aire”, explicó el extupamaro a diversos medios. Un pibe asesinado por la policía todo el barrio esta de duelo Sergio Lemos asesinado de 7 tiros por la policía yo viví como fue todo y no puedo creer lo que pasan en la tele, dicen que iban los dos en la moto y el policia si le dio los 7 tiros como los vi yo el que tenia quie aver muerto tenia que aver sido el de atras y no sergio que era el que manejaba, el iba solo y el policia le disparo por la espalda por que no paro en la moto, al los segundos voy con unos compañeros y el policia saca el arma y nos apunto diciendo que nos vallamos que el estaba bien que solo se habia caido de la moto ( el no se movía ) al ratito llegaron mas policias al lugar y todos vimos cuando lo tiraron como “bolsa de papa” al patrullero y se lo llevaron, hernan lo agarraron por que fue a ver lo que habia sucedico con su amigo y lo agarraron a el tambien, solamente comento esto por que dios no me deja mentir y realmente se tiene que hacer justicia! (Kevin Rodriguez ) SANTA CATALINA Joven abatido recibió tres balas y dos entraron por la espalda Jueza tomó declaración a cuatro policías por la muerte de Lemos + – 06.11.2013, Texto: El Observador Entre versiones contradictorias sostenidas por la Policía –que empiezan a perder asidero– y las de los vecinos de Santa Catalina, la Justicia trata de determinar cómo murió Sergio Lemos, un joven de 19 años que el lunes de noche iba en moto por la calle 24 de Octubre, donde poco antes habían rapiñado el almacén de la esquina con Víctor Hugo, y recibió tres disparos por parte de la Policía. En medio de protestas barriales y cortes de calles con gomas encendidas, una delegación de vecinos se reunió ayer de tarde con el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez. En ese encuentro, Vázquez dejó entrever que hubo fallas en el procedimiento policial, dijeron a El Observador las voceras de la delegación, Laura Texeira y Geraldine Denis. Ante la preocupación de los vecinos de que la Policía le haya puesto un arma a Lemos, el jerarca dijo que eso no ocurrió. Los vecinos interpretaron que Vázquez aclaró que el joven que falleció estaba desarmado. Tras el homicidio, la comunidad se enfrentó a la Policía y la acusó de disparar a mansalva y de gatillo fácil, calificativo que también utilizó el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), defensor de derechos humanos. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expresó ayer que según la Policía, el primero en disparar su arma fue el joven que resultó muerto. Bonomi aclaró que según esa versión un agente estaba tomando declaraciones tras la rapiña al almacén, cuando pasó un individuo en moto y le disparó con un arma calibre 38. El agente reprimió el ataque, dijo el ministro. Cuatro policías detenidos La jueza María Elena Mainard ordenó ayer la detención de cuatro policías, que ayer declararon y hoy volverán a hacerlo. Entre ellos está el que disparó el arma y mató a Lemos. Raúl Oxandabarat, vocero del Poder Judicial, dijo a El Observador que el cuerpo de Lemos tiene tres impactos de bala. Especificó que “por los menos dos” ingresaron por la espalda. La magistrada espera nuevos informes del forense. Hoy tomará declaración a testigos y policías y dará su veredicto, dijo Oxandabarat. Este no es el primer enfrentamiento entre la Policía y vecinos de Santa Catalina. A comienzos de setiembre, en ese mismo barrio, ubicado al Oeste del Cerro, policías golpearon a tres jóvenes que estaban en una esquina y que fueron detenidos. El ministro Bonomi reconoció luego que en ese caso hubo “intencionalidad “en el maltrato”. Para Ielsur, la muerte de Lemos “a manos de las fuerzas policiales” también ocurrió “en un procedimiento caracterizado por el abuso y la desproporción”. A través de un comunicado, el organismo pidió una investigación que “castigue los desbordes cotidianos de la Policía” en el entendido que “la violencia policial contribuye a la inseguridad”. El comunicado finaliza diciendo “basta de gatillo fácil”. El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) señaló que “lo prudente” es esperar la información técnica que solicitó la Justicia y de la investigación administrativa que inició el Ministerio del Interior, dijo a El Observador, Miguel Barrios, asesor legal de SUPU. Barrios, quien se comunicó con uno de los policías que actuó en Santa Catalina, señaló que la participación de la Guardia Republicana permitió contener la situación de violencia que se vivía tras la muerte de Lemos. El Ministerio de Interior también emitió un comunicado y reconoció que de las versiones obtenidas para la investigación surgieron elementos “contradictorios” sobre lo que realmente pasó el lunes de noche. Los policías involucrados fueron “retirados” de sus funciones, informó. Las autoridades expresaron que “en estos momentos de honda tristeza y congoja para una populosa zona”, debe primar la “mesura y ponderación”, y pidieron confiar en la Justicia. “Es fundamental apelar al máximo esfuerzo de todos los protagonistas para restañar las heridas que deja esta situación dejando expresa constancia que la cartera no cejará su esfuerzo para llegar a esclarecer los hechos en busca de la verdad”, concluyó el comunicado. Por su parte, la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana González Guyer, dijo a Montevideo Portal que “seguramente” se pedirá información al Ministerio del Interior, ya que el barrio Santa Catalina “aparece como una zona complicada por la cantidad de denuncias de abuso policial”. ____________________________________________________________________________________________________________________________________ TENSIÓN Incendian local policial en barrio Santa Catalina tras muerte de un joven La situación en Santa Catalina se ha vuelto tensa tras la muerte de un joven a manos de la policía. Incendiaron un local policial y algunas líneas de ómnibus debieron modificar su recorrido habitual por el barrio. Martes 05 de noviembre de 2013 La República uy El Ministerio del Interior anunció que hay cuatro policías separados del cargo y puestos a disposición de la Justicia. En la noche del lunes falleció un joven en medio de un operativo policial en Santa Catalina, tras un robo a un comercio de la zona. La policía aseguró que el fallecido era uno de los delincuentes, pero los vecinos afirman que se trataba de un joven trabajador de la zona que no estaba involucrado en el robo. El hecho provocó la inmediata reacción de los vecinos quienes se manifestaron contra el asesinato del joven. Este martes a la tarde, el Ministerio del Interior anunció que hay cuatro policías separados del cargo y puestos a disposición de la Justicia. Al tiempo exhortó a “la mesura y ponderación de todos para depositar confianza en la Justicia y permitir así el rápido esclarecimiento de los hechos acaecidos”. Incendio Tras la muerte del joven de 19 años abatido por la Policía, algunos vecinos bloquearon el barrio Santa Catalina con piquetes y fuego en las esquinas. En tanto que este martes incendiaron un local policial de la zona, una casa prefabricada que utiliza la policía para custodiar las instalaciones de la empresa Gas Sayago, la que administrará la futura planta regasificadora, frente a las costas de Puntas de Sayago, informó Subrayado. Mientras que los ómnibus que ingresaban al barrio debieron modificar sus recorridos ante las protestas de los vecinos, en reclamo de justicia por la muerte del joven que aseguran era inocente. Los vecinos de la zona permitieron el ingreso de las líneas 124 y 186, pero no en su recorrido habitual. El caso está en manos de la jueza penal de 14º Turno, María Elena Maynard. El Ministerio del Interior le declara la guerra a un barrio entero por Gabriel –Saracho- Carbajales Anoche, el Ministerio del Interior del Uruguay le declaró la guerra a un barrio entero del Oeste de Montevideo, apenas un par de horas después de que subalternos de Bonomi ejecutaran cobardemente, de siete tiros, a Sergio Lemos, culpable del delito de tener 18 años, ser laburante y buena gente y vivir en un contexto social de pobreza amenazada, encima, por la instalación de la brutal regasificadora para beneficio de Aratirí, esa multinacional que se ocupará de llevarse todo el hierro que hay en el subsuelo de Valentines, en Cerro Chato, aunque “Gas Sayago” signifique el riesgo seguro de impresionantes explosiones e incendios a muy corta distancia de una populosa zona costera de la capital y de la peligrosa refinería de ANCAP de La Teja. No hay nada de exageración en lo dicho: a las 01:30 de la madrugada de este martes 5 de noviembre del año 2013, una horda desaforada y pizarrera de unformados desplazados en una docena de vehículos represivos, se retiró de Santa Catalina apretando gatillos y prometiendo volver, tras provocar a todo el barrio indignado por el asesinato, gritando un desgraciado oficialito a través de un megáfono: “Nos vamos, pero nos vemos pronto…”. Esto ocurrió enseguida de haber sido lanzados dos camiones tipo “tanqueta” sobre una multitud de vecinas y vecinos, en su inmensa mayoría muchachada de la edad del asesinado, junto con el indiscriminado y abundante lanzamiento de granadas de gas pimienta, balas de goma y disparos al aire de balas de plomo. Un alarde de superioridad, de omnipotencia, de inefable capacidad cavernícola, que, sin embargo, no pudo ocultar la verdad de la milanesa sobre la que mucha gente debería reflexionar cuidadosamente: la policía, con cola de paja, segura de que sin poder dar palos así nomás, no se atrevió a ingresar al corazón de Santa Catalina, a pie, un par de horas después del imperdonable crimen de Sergio Lemos. Le tuvieron miedo a un verdadero hormiguero enardecido de jóvenes –mujeres y varones- que salieron a la calle a prender fuego pedazos de lo que fuera, al grito estruendoso de “¡Justicia, Justicia!!!”… Mejor dicho: le tuvieron miedo a entrar al barrio con todo el mundo en la vereda, sin poder seguir así nomás matando gente a diestra y siniestra, como saben hacerlo, cobardemente, parados en los pedales de un abuso policial que no es ni ajeno a las órdenes “superiores” ni al margen de la voluntad de un poder político que parece creer que la gente se autodeclarará “en prisión domiciliaria” y seguirá mirando las cosas con indiferencia, aunque nos maten a nuestros hijos en nuestras propias narices. La guerra de Bonomi y sus cómplices, está declarada. Se la anunció a viva voz, tratando de amedrentar a una juventud a la que el poder odia porque sabe que es de donde podemos esperar algo de dignidad resuelta y hasta heroica, pues lo vivido en Santa Catalina entre el 4 y el 5 de noviembre, lo es. Heroica, enaltecedora, ejemplar, fue la reacción de la muchachada que, toda ella, recibió en sus cuerpos y sus almas, los siete tiros de la cobardía uniformada disparados sobre Sergio Lemos. En Santa Catalina –sin localismo, sin algo de chovinismo de barra brava, sin nada parecido, hay que decirlo- el oficialismo y la oposición son responsables de otro abuso policial que no es fruto del descontrol padecido por algún ministro o pseudo ministro. En Santa Catalina, el poder está en deuda, y la juventud –esa juventud a la que algunos consideran guaranga, falopera y atorranta- se siente estafada, burlada, pisoteada, tratada como basura. Capaz que un rápido procesamiento y un merecido encarcelamiento de los asesinos materiales directos de Sergio Lemos, atenúa la bronca… Capaz… Pero se sabe que declararle la guerra a los pobres cuando estos parecen derrotados, es mucho más que jugar con fuego. Es avivarlo, encenderlo, alimentarlo, sin que después sus responsables puedan recurrir al discurso “humanista” y conciliador reclamando “tranquilidad” y respeto por las bondades de un sistema fundado en la prepotencia y el atropello pizarrero de los demasiado acostumbrados a ganar, casi siempre. (Hace unos minutos, enchastrando con descaro, Bonomi dijo que Lemos estaba armado, y alguna prensa sugiere que todo este asunto tiene que ver con los siete procesamientos de ayer mismo, por “asonada”… Hay que ir sacando cuentas e ir descubriendo que el abuso policial no es sólo policial. Mientras tanto, varios gurises en Santa Catalina se curan con agua y jabón las heridas de las balas de goma y aguardan que sea liberado el muchacho al que detuvieron por pretender asistir al ejecutado). Gabriel –Saracho- Carbajales, 5 de noviembre de 2013, Montevideo.- Vecinos piden que la Policía no entre más a Santa Catalina A las 19 horas habrá otra manifestación en repudio a la muerte de Sergio Lemos tras una rapiña en un almacén del barrio; los ómnibus de CUTCSA restringieron su recorrido mientras duren los disturbios + – 05.11.2013, 14:10 hs – ACTUALIZADO 18:41 Texto: -El Observador © Al mediodía todavía humeaban las cubiertas que entre la noche del lunes y la madrugada fueron utilizadas por los vecinos de Santa Catalina para cortar la calle Víctor Hugo para impedir el ingreso de policías luego de la muerte de Sergio Lemos en un confuso episodio tras una rapiña a un almacén del barrio. La casa de la familia del joven fallecido era hoy uno de los puntos de reunión de los vecinos para manifestar su repudio contra la acción policial. Allí, la madre, Graciela, les comunicó que la Policía no le permite velar a su hijo. “Yo estuve con él y en la cara no tiene nada. No quieren mostrar la ropa”, dijo entre llantos. Familiares y vecinos coincidieron con Jorge Zabalza, vecino de la zona, en que los efectivos le “dispararon a mansalva” al joven. Entre siete y nueve balazos fue la cantidad de balas que adujeron que le dispararon desde la esquina del “Almacén 28” ubicado en la esquina de Víctor Hugo y 24 de Octubre, frente a la escuela Nº 309. La oficina de Prensa de la Policía informó, en una primera instancia, que Lemos fue abatido con dos tiros. El almacén hoy estaba cerrado. La dueña iba a concurrir al juzgado con las cámaras de seguridad. Los testigos del hecho aseguran que los delincuentes no pertenecen al barrio. Una vecina mostró a los medios presentes en la zona tres cartuchos de perdigones que fueron disparados contra los manifestantes y que recogió en la calle. Ella misma fue alcanzada por uno en la espalda. La represión comenzó a la 1 de la mañana y, según los relatos de los vecinos, se utilizaron gases lacrimógenos para desperdigar la muchedumbre. Los piquetes se mantuvieron hasta las 3 de la mañana. Los vecinos de la familia Lemos preparan una movilización para esta tarde y están recaudando fondos. Muchos aseguraban hoy que no quieren más policías en el barrio, puesto que desde hace tiempo se producen episodios de abuso policial y corrupción. “Santa Catalina no se va a quedar quieto”, decía uno. Otro le respondía: “Hasta que no matemos a un policía esto no va a parar”. Otros trataban de tranquilizarlos, diciendo que “no se puede ser como ellos”. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que de acuerdo a los datos que él maneja, el joven muerto disparó primero a un oficial de Policía que tomaba declaraciones luego de la rapiña. Esto, según indicó, fue lo que desencadenó que el oficial se defendiera y ocasionara su muerte. Según dijo a El Observador personal de la oficina de prensa de Jefatura de Policía, al joven se le encontró un revólver 38. En el barrio aseguran que Lemos no era un delincuente, sino un trabajador y que acudió al lugar en su motocicleta para “chusmear” qué había pasado en el almacén. Ómnibus de CUTCSA restringieron su recorrido Las líneas 124 y 186 de CUTCSA terminarán el recorrido frente a la policlínica “La sopa” mientras continúen los conflictos en Santa Catalina, informó a El Observador el encargado de relaciones públicas de la empresa, Ruben Riera. Una vez que finalicen los conflictos, las líneas seguirán llegando a su destino habitual. “El servicio lo vamos a seguir prestando siempre y cuando no se vea en peligro la integridad física de nuestro personal y de los clientes”, concluyó el encargado. Nacional – TENSIÓN POR MUERTE DE JOVEN “¿Hay que matar a un policía para que se tranquilicen?” En Santa Catalina se vive un clima tenso y los vecinos denuncian “abuso policial”; aseguran que no dejarán entrar “a los botones” en el barrio + – 05.11.2013, 15:13 hs – ACTUALIZADO 15:29 Texto: -El Observador El clima entre los vecinos del barrio Santa Catalina es muy tenso luego de que un joven murió en un tiroteo con la policía. Las versiones del Ministerio del Interior y de las personas que estaban en el lugar son contradictorias. La madre del joven fallecido dijo a El Observador que hasta el momento no se le entregó el cuerpo para realizar un velatorio ni las ropas de su hijo: “Me lo mataron como un perro”, indicó la mujer rodeada de vecinos. “¿Hay que matar a un policía para que se tranquilicen?”, se preguntó una mujer que vive en el barrio y que asegura que “el abuso policial viene desde hace tiempo”. “O se la agarraron con los pibes de Santa Catalina por el día del abuso policial. ¿Quieren matar unos cuantos en Santa Catalina? Van a tener que pagar con la vida de ellos porque acá no queremos que entren más policías y sino vamos a hacer la ley del más fuerte”, agregó. También existe tensión con la dueña del almacén que fue rapiñada, supuestamente, por el joven muerto. “No le va a quedar otra que irse. Hay que prenderle fuego el almacén, la casa, la camioneta, todo. Ni quemándole todo paga la vida de ese chiquilín”, dijo una de las vecinas que estaba en la casa del fallecido. “Hoy vamos a hacer un piquete y van a tener que venir (la policía). Lo que queremos es justicia, que alguien pague por la muerte de ese chiquilín que tenía toda la vida por delante. Destruyeron una familia y un barrio (…) Que vengan con fierros (armas) y nosotros vamos con piedras”, concluyó otro vecino. tras muerte del joven vecinos de santa catalina indignados “Que el policía que lo mató pague” La Policía asegura que el joven muerto en Santa Catalina era ladrón y disparó primero. Los vecinos del barrio aseguran que eso no es cierto y están indignados. En la noche se realizó marcha en repudio. mar nov 5 2013 21:02 El País uy Graciela, madre de Sergio Lemos, el joven que anoche murió en Santa Catalina, reclama justicia. Los vecinos aseguran que no era ladrón y que la Policía lo asesinó sin ninguna causa aparente. Tras la muerte del joven, en la noche, los vecinos realizaron un piquete en Santa Catalina y Burdeos, lugar en el que sobre las 23:00 horas fue apedreado un ómnibus al que se le rompió el parabrisas y varias ventanas. Los vecinos realizaron en la noche de este martes una marcha con velas en repudio del accionar policial que culminó con la muerte de Lemos. MINISTRO BONOMI: LA VERGÜENZA DE HABER SIDO Y LA REALIDAD DE YA NO SER… Triste papel el del Ministro del Interior Bonomi, justificando represión policial. Bonomi, un ex tupamaro “asimilado” al discurso actual del gobierno, de tirar por la borda todo por lo que antes se peleaba, queda muy expuesto ante los contínuos episodios represivos de la policía que él debería controlar. Mentiras oficiales Santa Catalina: Bonomi dijo que policía respondió a una agresión del joven muerto El ministro del Interior manifestó que se inició una investigación sobre el hecho y existe secreto de presumario, pero aclaró que el efectivo declaró que un joven que pasó en moto le disparó y él respondió a la agresión. Como consecuencia del hecho el policía resultó herido. Bonomi también aclaró que de acuerdo a la información que maneja el joven fallecido era mayor de edad. Además, señaló que intentará hablar con gente conocida que tiene en Santa Catalina, aunque descartó asistir al lugar para dialogar con los vecinos. http://www.unoticias.com.uy/2013/11/05/informacion-nacional/santa-catalina_-bonomi-dijo-que-policia-respondio-a-una-agresion-del-joven-muerto/ Cuatro policías ante la Justicia tras muerte de un joven en operativo en Santa Catalina El ministro del Interior anunció que hay cuatro policías separados del cargo y puestos a disposición de la Justicia a raíz de la muerte de un joven en Santa Catalina, hecho que ocurrió en medio de un procedimiento policial tras el robo a un comercio. Martes 05 de noviembre de 2013 | 19:17 La República uy El policía declaró que “un joven le disparó desde una moto, y él reaccionó usando su arma de reglamento” En la noche del lunes falleció un joven en medio de un operativo policial en el barrio Santa Catalina. Según la versión de la policía, el fallecido era uno de los delincuentes, pero los vecinos aseguran que se trataba de un trabajador de la zona que no estaba involucrado en el robo. El hecho desencadenó la reacción de los vecinos que realizaron una fuerte protesta en el barrio. Este martes el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el cual informó que “a través de los partes policiales, declaraciones vertidas por los policías intervinientes y testimonios de vecinos y personas que estuvieron cercanos a los hechos, se han recolectado elementos, algunos contradictorios, sustantivos a la investigación”. En ese marco, la secretaría de Estado comunica que “los cuatro policías involucrados en el hecho quedaron preventivamente retirados de sus funciones y detenidos a disposición de la Justicia desde la tarde de este martes”. “Existe honda tristeza y congoja en una populosa zona de Montevideo”, expresa el Ministerio del Interior, al tiempo que exhorta a “la mesura y ponderación de todos para depositar confianza en la Justicia y permitir así el rápido esclarecimiento de los hechos acaecidos”. “Es fundamental apelar al máximo esfuerzo de todos los protagonistas para restañar las heridas que deja esta situación, dejando expresa constancia que esta cartera no cejará su esfuerzo para llegar a esclarecer los hechos en busca de la verdad”, puntualiza la secretaría de Estado. Investigación En horas del mediodía de este martes, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, había expresado a la prensa que pidió una investigación, con participación de técnicos externos a la secretaría de Estado, para dar “todas las garantías y llegar a la verdad”, de lo ocurrido. Bonomi dijo en ese momento que el policía declaró que “un joven le disparó desde una moto, y él reaccionó usando su arma de reglamento”. El policía estaba tomando declaraciones tras la rapiña, cuando pasó el individuo en moto y le disparó. No obstante, el episodio es confuso y no está claro si quien disparó al policía fue Sergio Lemos, quien resultó fallecido en los incidentes. martes, 5 de noviembre de 2013 Apoyo incondicional a la juventud por Gabriel Carbajales Apoyo moral sin condiciones a la juventud pobre pero justiciera y valiente de todo el Uruguay A los más veteranos que vivimos en el oeste montevideano, nos tiene sorprendidos el celo y las energías sin descanso desplegadas desde anoche por muchachitas y muchachitos de alrededor de 15 años, hijas e hijas de familias trabajadoras, muy, pero muy pobres, absolutamente compenetrados del derecho y el deber de demandar pronto juicio y castigo con los policías asesinos de Sergio Denis Lemos, de 18 años, ejecutado anoche bajo la presunción de que se trataba de uno de los dos asaltantes de un almacén en el barrio Santa Catalina, cuando la realidad es que éstos, que no son de la zona, huyeron en un par de motos hacia los accesos a Montevideo, más allá de que tampoco hubieran merecido una “condena a muerte” sumaria como la que se le aplicó a Lemos sin contemplación alguna. Nos sorprende la contracción, el tesón, la porfiadez enfurecida, de esta muchachada muy tranquila de Santa Catalina, empeñada en lograr que se haga justicia en este caso puntual, pero también con la idea de que el barrio deje de ser territorio impune de muy frecuentes abusos policiales, que, como era de suponerse, desembocarían más tarde o más temprano, necesariamente, en lo ocurrido anoche. Si ya de por sí es indignante la manera salvaje en que fue fusilado Sergio Lemos –un muchacho laburante muy querido en el barrio por jóvenes y no sólo jóvenes-, la bronca y el dolor se acrecentaron, obviamente, ya que un par de horas después del asesinato llegó al lugar no menos de medio centenar de integrantes de grupos especiales de la represión a cargo del Ministerio del Interior, armados a guerra, montando una increíble provocación a menos de una cuadra de la esquina en la que muy buena parte de la juventud de Santa Catalina armó un par de gigantescas fogatas con lo que encontraban a mano. Unos diez patrulleros, no menos de cinco camionetas blindadas y un par de “mastodontes” del tipo usado en la Guerra de Vietnam (con escotilla, ametralladoras punto 30, etc., etc.), se apostaron a esa distancia de los jóvenes, y desde un megáfono los policías a cargo del “operativo” le gritaban cualquier disparate a la multitud, en la que también había muchísima gente no tan joven, niños, viejos y una enorme cantidad de perros que ladraban a los uniformados sin cesar y sin despegarse de sus “amos”. Avanzar sobre esa masa humana con el enardecimiento esperable y legítimo especialmente en los más jóvenes, hubiera significado un muy desigual enfrentamiento “cuerpo a cuerpo” a pedradas y garrotazo limpio, o, peor aún, un ataque policial con el uso de armas de fuego “de reglamento” disparando sobre el barrio entero, con consecuencias decididamente trágicas. En lugar de ello, lo que hubo fue una lluvia de granadazos de gas pimienta, balas de goma y abundante perdigonada con la que fueron heridos casi hasta las 2 de la madrugada, algunas muchachas y algunos muchachos, con la bestialidad “extra” de lanzar los dos vehículos pesados a 100 por hora por la calle principal del barrio, subiendo veredas y lanzando más bombas de gas, incluso dentro mismo de los jardines de varias casas. Reitero: sorprende, deja de boca abierta, cómo la gurisada prepara para hoy mismo una nueva manifestación de protesta, luego de haber pasado buena parte de la mañana y hasta el mediodía, juntando pesito a pesito dado por vecinas y vecinos, para costear los gastos del pobrísimo cajón de la más rústica madera dentro del que “descansarán” los músculos inertes, las venas nuevas, las esperanzas y las ilusiones tronchadas de cuajo, de un muchachito de 18 años cuya muerte no fue suficiente para los apetitos de un gorilaje que volvió por más, para que a la mañana siguiente el “señor” Eduardo Bonomi nos dijera que Sergio Lemos no era menor de edad y que, según el autor material de crimen, llevaba un arma de fuego con la que disparó “primero”… Bonomi sabe que no es cierto. Los chiquilines del barrio saben que no es cierto, todos sabemos que es una vil mentira de asesinos sin carácter y sin perdón, apañados por un supuesto ministro sin autoridad de ninguna índole, y, menos que menos, de índole moral. Todos sabemos y estamos perplejos viendo a estas hormiguitas casi niñas preparar el camino de una justicia que cuanto más tarde y más sea eludida por culpables materiales y culpables intelectuales, peor será la bronca colectiva de un barrio joven y digno que no está dispuesto a ofrendar sus mejores y más queridas vidas al “dios autoridad”, primo hermano del “dios mercado” que tanto le preocupa al supuesto presidente Mujica. Estamos sorprendidos por la vehemencia legítima de la gurisada, y también lo estamos de la torpeza de unos pobres “gobernantes” que saben mentir muy bien (muy mal, en realidad), pero que ni se imaginan el odio que están sembrando entre una juventud –nuestra juventud del pueblo trabajador- que efectivamente es “el futuro”, un futuro que para ella, es el presente. Un presente de crímenes sin castigo y de impunidades que no serán eternas mientras haya jóvenes capaces de indignarse y hacerse héroes del honor de los barrios, sin más miedo a que sus pobres amigos fusilados se sientan olvidados por quienes en definitiva, son sus hermanos de clase (aunque a algún aggiornado le suene a tremendismo obrerista decadente). ¡Apoyo moral sin condiciones a la juventud pobre pero justiciera y valiente de todo el Uruguay, capaz de mantenerse firme frente a las matoneadas histéricas de un poder con auténtica sobredosis de sustancias reales y de sustancias ideológicas que más pronto que tarde harán estallar sus cerebros repletos de estiércol y miseria antipopular!. (El paréntesis no está de más: gran parte del barrio ha podido percibir que los uniformados bestializados, actúan estimulados por alguna droga muy pesada que los hace sentirse invencibles, taradamente invencibles). Gabriel –Saracho- Carbajales, 5 de setiembre de 2013, Montevideo.- Zabalza criticó al ministro del Interior por operativo policial en Santa Catalina (video) http://www.youtube.com/watch?v=-WrJNT1cEyg&feature=share&list=UUA-_7rvJyEjwCrdUMqWHZEw Vecinos denuncian abuso policial en Santa Catalina Los restos del joven que fue abatido por la policía fueron sepultados este martes en el cementerio del Cerro (VIDEO) http://www.youtube.com/watch?v=rbVknjspTYc&feature=share&list=UUA-_7rvJyEjwCrdUMqWHZEw Abuso policial en Santa Catalina Jueves 5 de Septiembre de 2013 DENUNCIA DE VECINOS Abuso policial en Santa Catalina Las denuncias de abuso policial se siguen sumando. En esta oportunidad, vecinos de Santa Catalina manifestaron haber sido víctimas de violencia en el marco de procedimientos policiales llevados adelante en los últimos días. La información divulgada este jueves por La Diaria da cuenta de la reunión de vecinos de Santa Catalina con el objetivo de conversar acerca de las violentas intervenciones policiales en la zona. Según la crónica, el martes de madrugada policías de la dirección de Investigaciones (dependiente de Jefatura de Policía) y de Narcóticos (dependientes del Ministerio del Interior) llegaron al barrio y detuvieron a seis jóvenes. Los pusieron contra una camioneta Hyundai (que se identificaba, según los testimonios de los vecinos, con la matrícula SBJ 7406) y les pegaron golpes de puño, patadas y palazos. Algunos de los efectivos estaban identificados como policías, pero otros, que portaban ametralladoras, estaban de particular. No dijeron por qué detenían a los jóvenes. Liberaron a tres allí mismo y se llevaron a los otros, que fueron conducidos al sótano de la seccional 19, donde funciona Investigaciones. La crónica de La Diaria es estremecedora: desde que iban en la camioneta los tres jóvenes fueron golpeados e insultados, pero uno de ellos, que les increpó el modo en que actuaban, terminó tirado en el piso. Le pisaron la cabeza y le dieron culatazos en la nuca. Le dijeron puto, llorón y bocón, lo golpearon en el pecho con la culata del arma y lo arrastraron hasta la seccional (el golpe en el pecho lo había dejado sin aire y no podía caminar). Cada uno fue a parar a un calabozo diferente. Fueron desnudados, humillados y amenazados. Se les hizo creer que serían acusados de vender droga y de portar armas. El martes, dos jóvenes pintaban un grafiti contra el abuso policial en el barrio cuando llegaron policías de la seccional 24 y de la Guardia Republicana. Los jóvenes se refugiaron en casa de un vecino y los agentes trataron de entrar, sin orden, a buscarlos. El vecino no lo permitió. El miércoles se improvisó una reunión en Santa Catalina para hablar del asunto. Se comentaban los testimonios de los jóvenes llevados a la 19, que habían sido liberados a la mañana siguiente, luego de hacerles firmar una declaración que no pudieron leer. Uno de estos jóvenes, acompañado por sus familiares, fue a hacer la denuncia al juzgado de la calle Bartolomé Mitre, pero no lo dejaron entrar hasta que se presentó un abogado. Recién entonces lo vio una médica forense y se hizo efectiva la denuncia. Por otra parte, Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay) también denunció el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Recientemente, el Instituto Nacional de la Juventud, el Mides y el Ministerio del Interior pusieron a disposición de la población un manual que enseña a los jóvenes cómo actuar en caso de ser detenidos. Tal vez habría sido más productivo hacer llegar a los efectivos de seguridad algunos ejemplares de la Constitución de la República y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Vecinos de Santa Catalina preocupados por el abuso policial. Basta de Abuso Policial Los vecinos y vecinas de Santa Catalina ante reiterados procedimientos irregulares del Ministerio del Interior en el barrio queremos expresar nuestra preocupación. Padres y vecinos hemos constatado en este último tiempo un permanente hostigamiento a los jóvenes del barrio por parte de la policía, en ninguno de estos casos se constató una denuncia real de algún ilícito. En la noche de ayer se efectuó un procedimiento supuestamente de investigaciones, contra un grupo de jóvenes que se encontraban en una esquina del barrio donde habitualmente se reúnen. Cinco policía sin identificación, vestidos de civil y en una camioneta también sin identificación del Ministerio del Interior arremetieron armas en mano contra los jóvenes, procediendo sin mediar hecho alguno a insultar y agredir físicamente a los que allí se encontraban. Tres de ellos fueron arrestados manteniéndose esa situación de violencia toda la noche. Especialmente se ensañaron con uno de ellos que cometió el “desacato ” de preguntar porqué lo detenían y de protestar por los golpes que recibía. Este joven fue arrestado sin haber sido revisado y sin habérsele pedido la documentación, fue hostigado durante toda la noche siendo insultado, golpeado y amenazado, obligándolo a firmar una declaración que no se le permitió leer bajo amenaza de volver a golpearlo. Ante estos hechos los involucrados y sus familias han presentado la correspondiente denuncia ante la justicia. Convocamos a una asamblea abierta en la terminal de Santa Catalina mañana miércoles a las 20:00 hs. para informar a los vecinos y protestar por el abuso policial. Asamblea de vecinos de Santa Catalina para tratar denuncias de abuso policial en el barrio. Foto: Nicolás Celaya 5.9.13 Carne de cañón Vecinos de Santa Catalina denuncian una sucesión de abusos policiales. En una pared de una casa frente a la terminal de ómnibus del barrio Santa Catalina hay una leyenda: “No al abuso policial”. Las letras están dibujadas pero sin rellenar. No hubo tiempo. En el momento de la pintada llegaron policías de la Seccional 24 y de la Guardia Republicana. Pretendieron ingresar a la casa de alguien sin orden judicial, un vecino que le había dado refugio a dos jóvenes que hacían los grafitis. Tuvieron la mala suerte de que el vecino conocía sus derechos. Las pintadas tienen una historia un poco más larga, pero un desencadenante principal. El martes de madrugada, policías de la dirección de Investigaciones, dependiente de Jefatura de Policía, y de Narcóticos, dependientes del Ministerio del Interior, llegaron al lugar. Algunos estaban identificados con chalecos, pero otros iban de particular y llevaban ametralladoras. Detuvieron a seis jóvenes en el barrio y los pusieron contra una camioneta Hyundai, según los vecinos, matriculada SBJ 7406. Les pegaron golpes de puño, patadas y palazos. No se identificaron ni dieron razones para el arresto. A tres los dejaron libres en el lugar. A los otros tres los llevaron al sótano de la seccional 19, donde funciona Investigaciones. Desde el principio los golpearon y los insultaron. Con uno de ellos se ensañaron, porque les dijo que no podían actuar de esa manera. Lo tiraron en el piso de la camioneta, le pisaron la cabeza y le dieron culatazos en la nuca. Le dijeron puto, llorón, bocón. Uno de ellos le pegó un culatazo en el pecho que lo dejó sin aire, y como no podía caminar, lo llevaron arrastrando hasta la seccional. “Así se llevaban a los presos en dictadura”, dijo un vecino que había asistido ayer de noche a la asamblea improvisada que se realizó en la terminal de Santa Catalina para difundir los abusos. En la seccional, pusieron a los tres en calabozos diferentes. Los desnudaron, los hicieron agacharse, le dijeron al que más golpearon: “Te vamos a coger”. El interrogatorio fue una burla. “Vos vendés [droga]?”, le preguntaron a uno de ellos. “No”, contestó. “Bueno, ahora vendés”, le dijeron, y le patearon las costillas. “¿Vos te chupás la pija?”, le preguntó otro de ellos al mismo joven. “Te vamos a meter un 357. Acá mandamos nosotros”, le decían, haciendo referencia a que lo iban a incriminar de portar un arma. Desde el oeste Los vecinos presentes ayer en la asamblea de Santa Catalina eran de todas las edades; hombres, mujeres, ancianas y hasta bebés. Los que presenciaron los hechos aseguran que los policías estaban drogados. “Cada vez que te veamos en la calle, palo y al calabozo, porque acá mandamos nosotros”, los amenazaban. Ellos mismos pateaban las puertas y cuando los golpeaban les decían que era porque uno de sus compañeros había pateado la puerta. Los soltaron de mañana, luego de hacerles firmar una declaración que no les dejaron leer, porque los estaban golpeando continuamente. Uno de ellos, al que más le pegaron, fue a hacer la denuncia junto con su familia. Cuando llegaron al juzgado de la calle Bartolomé Mitre, no los querían dejar entrar. Les pedían un papel de la comisaría, les decían que fueran a Salud Pública. Sólo los dejaron entrar cuando fueron acompañados por un abogado. Allí el joven fue visto por una médica forense y realizó la denuncia. También denunció el hecho en el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Las pintadas del martes de noche fueron una protesta. Los policías querían arrestar a toda costa a quienes las hicieron y pretendían ingresar en la casa de un vecino sin orden de allanamiento. Los vecinos filmaron el procedimiento y los policías les dijeron que estaba prohibido captar imágenes de un procedimiento policial. Insultaban a los vecinos, les decían “ignorantes”. El dueño de casa les advirtió que iba a hacer una denuncia judicial por violación de domicilio, y entonces desistieron de ingresar a la vivienda. Antes de irse, detuvieron a tres jóvenes que estaban en la terminal, según los vecinos sin hacer nada, y golpearon a otro. “Se está violando la Constitución y los derechos humanos”, afirmaba ayer en Santa Catalina el padre del joven golpeado. Se iba a hacer una asamblea, pero fue innecesario porque todos se conocían. Se quedaron conversando en grupos y con algunos medios de prensa que se acercaron al lugar. Dicen que el barrio es tranquilo, y que muchos duermen con la puerta abierta. Los jóvenes se juntan en las esquinas de noche, y a veces el ruido molesta a los vecinos, que sin embargo estaban ayer presentes en la asamblea, en silencio, como respaldo y para marcar un límite que no debería transgredirse. Polémicas actuaciones policiales Cronología 1-V-12. Denunciantes de delitos cometidos durante la última dictadura son citados al Departamento de Operaciones Especiales (doe) a efectos de ratificar sus denuncias. Algunos de ellos señalaron que en varios casos “se los presionó para que desistieran” de la denuncia, entre otras irregularidades. 21-XI-12. La Policía solicitó ingresar a un local del ps en el barrio Marconi. Pero según Gonzalo Civila, secretario político de esa organización en Montevideo, “además de revolver todo el local (…) insultaron y apuntaron con sus armas a todos los presentes”. El ps denunció ante Asuntos Internos lo que consideraron “un acto de brutalidad y abuso policial”. No se conocen conclusiones de la investigación. 15/16-IV-13. Los fotógrafos Santiago Mazzarovich e Iván Franco, que habían cubierto los incidentes durante el traslado de la jueza Mariana Mota, fueron citados a declarar en calidad de indagados, el primero por teléfono y el segundo en la calle. 14-VIII-13. Durante la marcha del Día de los Mártires Estudiantiles la Guardia Republicana disparó balas de goma contra un grupo de periodistas. La fotógrafa Lucía Melgarejo resultó herida y presentó la denuncia ante la Seccional 3ª. La Republicana tiró también sobre la multitud. 24-VIII-13. Doce jóvenes que se preparaban para concurrir a la marcha que recuerda el episodio del hospital Filtro son detenidos por policías de civil que los conducen a Jefatura donde permanecerán detenidos cinco horas. Los detenidos denuncian haber sido amenazados de modo infame, además de desnudados. El túnel del tiempo Por Samuel Blixen La sensación es un tanto escalofriante: viajar en un túnel del tiempo para mirar –desde un puesto de observación inmaterial, sin compromisos, tal como lo hace el periodismo “objetivo”– a las víctimas de ayer de la represión policial. El túnel nos ubica en las calles de Montevideo, en agosto de 1968, cuando la indignación estudiantil por el allanamiento a la Universidad de la República y el pisoteo de su autonomía se transforma en una ráfaga de manifestaciones “relámpago”, que enfrentan a pedradas a la Policía. En una de ellas, el lunes 12, en las inmediaciones de la Facultad de Veterinaria, desde un jeep policial, el oficial Enrique Tegiachi hace fuego contra un grupo de jóvenes. Líber Arce, estudiante de Odontología, cae herido, desangrándose mientras los policías, a punta de revólver, exigen documentos de identidad. Líber Arce muere el miércoles 14, y su entierro congrega a más de 250 mil personas. Entre quienes acompañan el féretro por las calles de la ciudad está el estudiante de preparatorios Eduardo Bonomi. Un salto hacia adelante en el túnel del tiempo: el estudiante de Veterinaria de cuarto año Eduardo Bonomi es detenido por el Ejército a fines de junio de 1972. En el cuartel del 13 de Infantería sufre el mismo tratamiento que los demás prisioneros: plantón, golpes, tacho, picana, y las habituales amenazas de muerte y de violación. Un salto sin fecha definida: el preso 791 Eduardo Bonomi elabora, a lo largo de los años de reclusión en la cárcel de Libertad, la concepción militante que después se expresará en una “tendencia proletaria” dentro del Movimiento de Liberación Nacional, en la fase legal que comienza en 1985. El túnel permite registrar las políticas represivas del presidente Julio María Sanguinetti al final de su mandato, en 1988-1989, y observar cómo, a partir de la preocupación de múltiples organizaciones sociales, el dirigente tupamaro Eduardo Bonomi impulsa la Coordinadora Anti Razzias, que despliega una consigna tan veraz como eficaz: “Ser joven no es delito”. El 24 agosto de 1994 el túnel del tiempo muestra una tensa reunión de la Mesa Política del Frente Amplio. Se discute la extradición de tres ciudadanos vascos cuya huelga de hambre motiva la solidaridad de uruguayos que hacen vigilia frente al hospital Filtro. El delegado del mln en la dirección del fa Eduardo Bonomi insiste en que las máximas autoridades del Frente Amplio, el general Seregni, el contador Astori y el doctor Tabaré Vázquez deben estar presentes en la manifestación convocada para esa noche. Bonomi también está presente en las inmediaciones del Filtro cuando se desata la represión policial. Con esa capacidad de rebobinar, condición esencial de todos los túneles del tiempo, éste te trae al presente, cuando el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, implícitamente respalda la orden de disparar balas de goma contra los manifestantes en el Día de los Mártires Estudiantiles, el 14 de agosto, de infiltrar la marcha que conmemora los incidentes del hospital Filtro, el 24 de agosto, de detener jóvenes en “prevención”, de torturar a esos detenidos en la Jefatura, de castigarlos y de amenazarlos con violarlos y matarlos. En un lastimoso remake de Jorge Pacheco Areco, que sabía cómo hacerlo y podía volver a hacerlo, el ministro Bonomi respondió a las críticas del pvp, del Partido Comunista y del Partido Socialista (los de ahora, no los de 1968, que por cierto también expresaron su condena por la represión de entonces revelando coherencia) con allanamientos nocturnos y desmanes policiales en el barrio Santa Catalina, donde los jóvenes fueron reprimidos por ser jóvenes. Como dijo uno de los padres, los pibes son hijos de laburantes, no son delincuentes, pero aunque lo fueran, no corresponde ese tipo de represión y prepotencia; un concepto que ha distinguido a la izquierda desde siempre. Al ministro Bonomi no le agradó –y lo hizo saber– la forma en que la periodista de Brecha Eliana Gilet insistía en saber si él, el ministro, había dado la orden de detener a los jóvenes que –subrayar el detalle– iban a participar en la marcha del sábado 24 de agosto. Al cierre de esta edición, las declaraciones de la Juventud Socialista, de la Juventud Comunista y del pvp, repudiando la política policial de detener para amedrentar y de infiltrar manifestaciones y organizaciones, eran las únicas expresiones políticas de los grupos del Frente Amplio. El Movimiento de Participación Popular, que integra el ministro Bonomi, mantenía un prudente silencio. Sus dirigentes se excusaban de opinar, aunque, informalmente, off the record, en confianza, algunos de ellos admitían la barbaridad de las prácticas policiales y el perjuicio político que debía pagar el mpp. Nadie ha salido a respaldar al ministro Bonomi por estos acontecimientos, salvo la jueza penal Julia Elena Staricco, quien, absteniéndose de actuar de oficio frente a las denuncias de maltrato y torturas, justificó las infiltraciones y le dio un barniz de legalidad a las barbaridades explicando que ella, en tanto magistrada, estaba al tanto de los acontecimientos. El esquema es insólito: si los legisladores del Frente Amplio fueran coherentes con su historia, la permanencia del ministro Bonomi al frente de la cartera del Interior merecería una interpelación. Pero eso es algo que nunca se verá, el partido de gobierno censurando a uno de sus ministros. Tampoco es factible que el tema Bonomi sea objeto de un análisis en la agrupación de gobierno de las bancadas frenteamplistas. Por tanto, nadie le preguntará al ministro Eduardo Bonomi: ¿Usted está de acuerdo con esas prácticas policiales? Nadie va a aceptar públicamente que está de acuerdo con la tortura y las amenazas de violación y muerte; ni siquiera los violadores y asesinos de la dictadura, totalmente jugados y blindados por la impunidad. No habrá respuesta pública, pero sí hay elementos para juzgar: si no está de acuerdo, el ministro Bonomi tendría que haber adoptado ya medidas drásticas y ejemplarizantes. Que se sepa, no hay sanciones. “¿Ustedes quieren saber lo que es el abuso policial?” Escrito por: Mariana Contreras Fue en la esquina de Pensamiento y Roncadera, en el barrio Santa Catalina. En la noche del lunes, pasadas las 12, un grupo de amigos estaba hablando y tomando un vino en la calle cuando una camioneta blanca sin identificación alguna estacionó frente a ellos. Cuatro policías de civil bajaron “fuertemente armados” y, apuntando con sus armas largas hacia los jóvenes, “comenzaron a gritar: ‘¡Detenidos, contra la camioneta! ¡Detenidos!’”. En medio de la sorpresa y el nerviosismo, el mayor, de 24 años, apenas atinó a preguntar: “¿Por qué me detienen?”. La simple pregunta fue el disparador de la primera serie de patadas, piñas, pisotones, que se repetirían cuando el muchacho alcanzó a gritar a una vecina: “¡Avisale a mi madre!”, y que presagiaban la larga noche que comenzaba. Ya dentro de la camioneta, y con el joven esposado, los policías confiscaron su celular al detectar que había podido enviar un escueto sms informando la situación. Los agentes leyeron en voz alta ese y otros mensajes personales, y entre risotadas y burlas (“llorón, estás grande para llamar a mamá”) volvieron a pegarle. “Te vamos a meter una 357”, “te vamos a coger”, “acá mandamos nosotros”, “no hagás trompita”, fueron algunos de los divertimentos verbales de los hombres de la ley. Afuera, dos de sus compañeros eran esposados y amedrentados pasándoles las armas por la cara y, junto con el primero, trasladados en la camioneta hacia la Seccional 19. “Ahora, cuando te vas, vas a quedarte quieto. No vas a decir nada”, avisaron. “No hicimos nada”, contestó el mayor. “Entonces, el que iba a mi lado me pegó un codazo en el pecho que me dejó sin aire y en el piso”, cuenta el joven. “Nadie te pegó”, le gritó el policía mientras ponía su pie sobre la cara del chiquilín, que viajó todo el trayecto tirado, recibiendo más golpes, y que luego fue arrastrado desde la camioneta hasta el local de la seccional. OTRA VEZ. “Vos sos el que vendés”, le informaron los policías al mismo joven, ya en el local de la Seccional 19 (en La Teja), amenazándolo con endilgarle algún delito por drogas. Allí permanecieron toda la noche, cada uno en una celda, incomunicados, hasta que a las 9 de la mañana del martes fueron puestos en libertad, obligándolos antes a firmar una declaración que no pudieron leer. En el ínterin los policías volvieron a pegarle en reiteradas oportunidades. A la salida de la comisaría, y dispuesto a hacer la denuncia, el primer detenido se dirigió junto con su familia al edificio de los juzgados penales, en Bartolomé Mitre. Pero cuando explicó a qué iba, arbitrariamente se le exigió “el papel de la comisaría” y se le impidió el paso. Debió volver, acompañado por integrantes del Ielsur, para finalmente radicar la denuncia en el juzgado de turno a cargo de Luis Charles. Ahora deberá esperar ser citado para ratificar la denuncia. Pero la intervención policial no terminó allí. En la noche del martes, cuando un grupo de jóvenes pintaba “No al abuso policial” en los muros del barrio, cinco autos, tres motos y dos camionetas policiales desembarcaron nuevamente en Santa Catalina, pretendiendo disuadirlos de la pintada. Los jóvenes ingresaron a la casa de un vecino y comenzaron a filmar lo que sucedía. “¿Ustedes quieren saber lo que es el abuso policial?”, gritaba uno de los policías, mientras intentaba traspasar el portón del jardín. “Algunos estaban tan locos que entre ellos mismos se tranquilizaban”, dijeron a Brecha participantes del episodio. Del otro lado del portón, los adultos que estaban en la vuelta se plantaron firme pidiendo explicaciones y reclamando que pararan los abusos. El saldo de esa intervención fue de tres jóvenes detenidos, ninguno vinculado a las pintadas. En Santa Catalina los adultos advierten que “esto no es nuevo” y que los procedimientos son muy similares a los de la época de las razias, sólo que “esto es el oeste” montevideano y la tradición organizativa de este pequeño barrio hizo que, en menos de 24 horas de sucedidos los hechos, toda la ciudad lo supiera. Ahora, motivados por lo que se vivió en esta semana, los vecinos acordaron con el Ielsur la realización de talleres para conocer sus derechos y cómo deben actuar en caso de que los abusos vuelvan a repetirse. La previa El 9 de agosto varios policías de rostro cubierto llegaron al barrio y, presentándose como agentes de la División Narcóticos, procedieron a dar algunos golpes a un grupo de jóvenes e intentaron detener a varios de ellos. Eran las siete de la tarde y, al presenciar los hechos, unos cuantos vecinos salieron a reclamar motivos y señalar los abusos. Finalmente, la Policía optó por retirarse del lugar. La reflexión unida a la acción y las cartas arriba de la mesa. por Martha Passeggi Pasadas las 24 horas de los hechos del día de ayer, en que procesaron a 7 compañeros- sin prisión- abre un nuevo capítulo, en la lucha por la verdad y la justicia en el Uruguay. Un proceso que desembocó en esta fase, en la que estamos muchos, aunque deberíamos estar todos. Sin embargo la tibieza reina y deambula en distintos espacios, en corredores del poder, en conciencias que aguardan mejores prebendas, en falsas teorías de demonios que van y vienen, en muchas cabecitas flacas de convicciones y de dignidad. A esta “hoguera” de militantes, que se concretó ayer, fueron muchos y variados los que arrimaron palos para que la llama quemara largo y parejo. En los viejos tiempos de barbarie y autoritarismo gorilezco, bastaba con asesinar o desaparecer personas para lograr el efecto “ejemplarizante” mediante el terror, la incertidumbre, la desesperación. De esa forma se aseguraban la parálisis, la dispersión de los grupos militantes en primer lugar, luego el pueblo todo, en su conjunto. Los tiempos cambian y con eso las formas. Ahora se criminaliza la protesta, se intenta doblegar la libertad de expresión, a través de la judicialización de actos necesarios, en un estado de derecho que nos dicen: -que estamos. La última pancarta de la marcha del silencio, tenía como consigna “En mi patria no hay justicia. ¿Quiénes son los responsables? Claro que se sabía que había muchos responsables de esta encrucijada en la que estamos ahora. Variados responsables… de ayer y de hoy. Conversos, y retrógrados, arribistas y amorales, traidores y obsecuentes, responsables y culpables. Todos hijos de esta impunidad que nos cubre y nos acorrala. Que nos dispersa, nos aleja unos de otros. Cuando deberíamos haber aprendido la “lección” que cuando aprietan, cercan y aniquilan, no preguntan de qué ideología sos. Las plumas del cóndor Los procedimientos que ejecutaron las fuerzas represivas del gobierno progresista, en todas las instancias, por los hechos sucedidos en la suprema corte de justicia, nos remontan a la época del plan cóndor. Militantes sacados de sus casas o de sus lugares de trabajo al viejo estilo. No identificándose, y sin ninguna explicación previa. No es la primera vez que sucede esto. A un periodista lo citaron en la calle por estos hechos meses atrás y a otra militante la detuvieron en la parada del ómnibus. Otros jóvenes fueron amenazados con practicarles el “submarino” o golpearlos. Cuando se presentaban las causas por los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura en la sede judicial, se anexaban los nombres de los culpables de tales delitos, para ser investigados. Por lo tanto se aportaba los nombres, dirección si se la tenía .Además se le solicitaba al ministerio del interior y de defensa que proporcionara los datos y el último lugar de residencia de los genocidas. También a interpol para que el represor acusado fuese llevado a la sede para indagarlo. Ha resultado extraño durante todo ese tiempo, que las respuestas hayan sido: “no se los encontró, no se los ubica o sencillamente no vayan a la sede a declarar y no pasa nada. Es más, se ha dicho desde el mismo ministerio que no saben dónde viven en la actualidad. O que han ido varias veces a la casa (en el mejor de los casos)… y no lo encontraron, o no les abrió la puerta, pero los miró por la ventana. Ni un cedulón, ni llamadas por teléfono, ni se lo topan por las calles, o en sus trabajos. Los mandos tanto de las FFAA y policías funcionan en forma vertical, todos lo sabemos, por tanto la responsabilidad es de arriba hacia abajo. Quien ostenta el mando es nada menos, que un viejo militante de izquierda, hoy devenido en una caricatura, que deja perplejo a más de uno, por confiar en las versiones de sus desbocadas escuadrillas que le soplan al oído acciones mentirosas que ellos mismos perpetran contra el pueblo. Una prueba de esto, es la fórmula del gatillo fácil. Practica ejercida hace tiempo en Argentina, y que los resultados a la vista son de muertes de inocentes en su mayoría. Esto es solo una parte de una reflexión, o si se quiere, de un pequeño raconto de situación. Las cartas están arriba de la mesa, comencemos el juego; pero con inteligencia, con unidad real, con dignidad y coraje. Aportado por Nestor Durante _____________________________________________________________________________________________________________________________________ EL OTRO CASO QUE CONMUEVE AL URUGUAY pide “medidas privativas de libertad” para: Zabalza, Leites, Borda y Jaume Fiscal Zubía apelará resolución de Merialdo de la asonada a la SCJ La jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión a siete personas por la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero. mar nov 5 2013 19:36 El País uy El fiscal penal Gustavo Zubía apelará la resolución de la jueza Gabriela Merialdo que ayer lunes procesó sin prisión a siete personas por la ocupación de la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del pasado 15 de febrero en rechazo al traslado de la magistrada Mariana Mota de una sede penal a una civil. Merialdo ordenó los enjuiciamientos sin prisión por el delito de “asonada”, siendo que Zubía había pedido que se aplicara el delito de “atentado”. “Discrepo con la imputación de la jueza que por cuanto la asonada es una figura genérica y no contempla el elemento esencial que se desarrolló aquel día, que fue el ejercicio de violencia para impedir el acto de la asunción de la jueza Mota”, dijo Zubía a El País. La jueza Merialdo procesó al exdirigente tupamaro Jorge Zabalza, a la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, a la profesora Patricia Borda, al secretario general de Adeom Aníbal Varela y a los activistas Álvaro, Diego y Eduardo Jaume. Zubía, en su apelación, insistirá en que a Zabalza, Leites, Borda y Álvaro Jaume se les impongan medidas “privativas de libertad” al considerar que fueron los “instigadores” de los incidentes. Jorge Zabalza e Irma Leites, ayer, cuando salían del Juzgado. Foto: Javier Calvelo No asonarás Siete procesamientos sin prisión de personas que se movilizaron contra el traslado de la jueza Mota. La jueza Gabriela Merialdo procesó ayer sin prisión por “asonada” a siete personas que participaron en la manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en contra del traslado de la jueza Mariana Mota. La denuncia había sido presentada en febrero por la propia SCJ. Los procesados no fueron citados al Juzgado; el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) los fue a buscar a sus casas, en un procedimiento similar al realizado en ocasión de las citaciones. La defensa apelará y podría presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La “asonada” es uno de los considerados delitos “contra el orden político interno de un Estado”. El Código Penal vigente, aprobado en 1933, dispone que cometen asonada “los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta”. Esta figura fue la que aplicó Merialdo a Jorge Zabalza; Irma Leites; Patricia Borda; Eduardo, Álvaro y Diego Jaume; y al secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM), Aníbal Varela. El fiscal Gustavo Zubía había pedido el procesamiento por “atentado”, una figura que los abogados defensores coincidieron en señalar como más grave que la asonada. Merialdo la rechazó por el número elevado de manifestantes que concurrieron a la SCJ y porque no hubo lesiones a las autoridades. En el auto de procesamiento Merialdo evalúa que los procesados “participaron de una reunión tumultuaria que afectó el bien jurídico orden político interno del Estado, menoscabando por la estruendosa e ilícita ocupación del Edificio público donde tiene asiento la SCJ, el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales”. Estima que se produjo una “clara perturbación mediante gritos e injurias en la celebración de audiencias públicas de juramentos a sus nuevos cargos de varios jueces, las cuales, por consecuencia directa de los hechos, debieron suspenderse y prorrogarse por más de tres horas”. Con respecto al argumento de la defensa de que se está afectando la libertad de expresión, la jueza sostiene que “los argumentos políticos no pueden ignorar la existencia constitucional de límites al principio de libertad”. Estuvieron El director del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular y suegro de Zabalza, Henry Engler, estuvo ayer en el Juzgado. Dijo a la diaria que siente “una vergüenza impresionante”. “Considero que el derecho internacional debe ser respetado. Si hay una autotitulada Suprema Corte de Justicia que viola el derecho internacional, la indignación me parece muy sana por parte de la gente que se manifestó. Nosotros no somos una isla en el universo, somos parte del mundo, y hay leyes internacionales que continuamente se están violando”, opinó. Respecto del traslado de Mota, dijo que la jueza cometió “el error de ser inteligente, joven, y además interesada en el derecho internacional, y eso no fue admitido por una especie de machismo patriarcal que interfiere 50 causas que se estaban estudiando”. El músico Daniel Viglietti, quien participó en la manifestación en febrero ante la SCJ, concurrió junto a Engler. “Todo esto ha sido un procedimiento absolutamente inaceptable. El hecho de que no hayan sido condenados a prisión es un matiz que no cambia el fondo del asunto, porque han sido procesados”, declaró a la diaria. “Acá los procesos que tendrían que estar funcionando en pro de una Justicia sana y ética son los de los torturadores y los represores, que están circulando libremente todavía, y sobre quienes actuó la SCJ en sentido inverso: en vez de afirmar los procesos y de afirmar a la jueza Mariana Mota, se la desplazó”, agregó. Consideró que se debe llegar a la conclusión de que hay “una mala intencionalidad”. Deseó que “se pueda limpiar la foja de estos honorables ciudadanos [en referencia a los procesados], más allá de matices políticos, y que realmente se condene a los criminales y a los torturadores”. Hola, soy el DOE En la mañana de ayer, la profesora Patricia Borda fue la primera en recibir en su casa la visita del DOE, personificado en dos autos blancos en los que viajaban tres personas. Entre otros, un oficial al que los activistas conocen como “inspector Mieres”, vestido de camisa a cuadros celeste y blanca. Mieres es la misma persona que abordó en la plaza Independencia a un fotógrafo, indagado por este mismo hecho, para citarlo al juzgado, y luego también lo interrogó. Ayer, los oficiales del DOE no se identificaron, no mostraron orden judicial y le pidieron a Borda que los acompañara. Borda tuvo que dejar a su hijo solo en su casa. Durante el viaje preguntó dónde la llevaban y le respondieron que se dirigían a Jefatura, pero la trasladaron al DOE. “Usaron la mentira, el atropello, los mismos parámetros que en dictadura”, relató Borda. Más tarde se supo que el DOE había utilizado el mismo procedimiento con Eduardo y Álvaro Jaume. Diego Jaume llegó último al Juzgado. El DOE también se llevó de la misma manera a Varela, que estaba en la sede de ADEOM. “Me sacaron del sindicato como si fuera un delincuente”, relató. Sobre el mediodía, otro de los implicados, Jorge Zabalza, envió un correo electrónico a sus contactos en el que avisaba que estaba al tanto del operativo del DOE y que él concurriría a presentarse voluntariamente al Juzgado, algo que hizo minutos después. En el Juzgado de Misiones ya se habían juntado cerca de 50 personas. Un altoparlante repetía: “Procesamiento a los que luchan, mientras los gorilas están impunes o en cárceles de lujo. Basta de criminalizar la protesta”. Militantes de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo -que ayer paralizó sus actividades- colgaron una pancarta en el vallado dispuesto para la ocasión: “Se criminaliza la protesta. Tocan a uno, tocan a todos”. La activista de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites llegó al Juzgado a las 14.30 e inmediatamente fue abordada por la prensa. Aclaró que no tenía pensado ingresar al Juz gado porque nadie la había citado, y que asistió para “movilizarse”. Miembros del DOE habían ido a buscarla a su casa pero no la encontraron. “Mientras los asesinos de [Aldo] Perrini siguen libres, a nosotros nos tratan como a delincuentes. No fueron capaces ni siquiera de notificarnos”, cuestionó. Después de que se alejaron las cámaras, el “inspector Mieres” se acercó a Leites. Tuvieron un breve diálogo y luego Leites levantó los brazos. “Bueno, me acaban de detener”, comentó. “Tiene que entrar”, le dijo Mieres. “¿A qué hora estoy citada?”, le preguntó Leites. “Ahora”, le contestó el inspector. “Voy a esperar a mi abogado”, le dijo Leites. “Si quiere, yo la acompaño”, se ofreció Mieres. Y así entró la activista al Juzgado mientras algunas personas cantaban: “Se escucha, se escucha, arriba los que luchan”. Consultado por la diaria, Mieres se excusó de hablar del operativo y explicó que fue una decisión de la jueza Merialdo. Confirmó que los detenidos por el DOE estuvieron unas horas en las dependencias de ese departamento, antes de ser trasladados a la sede judicial. Ya dentro del Juzgado, y según relataron los procesados, Merialdo les dijo que se habían excedido en la protesta porque “había habido gritos”. También se asombró por la molestia de los activistas y les hizo notar que les impuso una pena más leve de la que pedía Zubía. Les dijo que les iba a leer la sentencia pero finalmente no lo hizo.”Parece el tribunal militar”, comentó ayer Zabalza en conferencia de prensa. En contra El PIT-CNT también manifestó su rechazo a los procesamientos mediante un comunicado. Los calificó como “un profundo error jurídico y político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma”. Apelable Sobre las 15.30, los abogados defensores salieron a dar la noticia a la prensa. Gustavo Salle, representante de Leites, valoró que Merialdo no haya dado lugar a la tipificación de Zubía, que a su juicio pretendía hacer “una selección” de los manifestantes. Informó que Merialdo continuará investigando a todos los que participaron en la manifestación ante la SCJ. No obstante, valoró que no ve a la jueza “en absoluto entusiasmada” con esa indagatoria. El abogado de Borda, Pablo Donnangelo, anunció que apelará y que evalúa presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. “Entendemos que existe una relación de tensión entre dos derechos, el derecho a manifestarse y el derecho a realizar un acto público en tiempo y forma. El acto de asunción de la doctora Mota se retrasó, es cierto, pero eso no es una conducta penalmente relevante”, estimó. Juan Fagúndez, abogado de los Jaume, también apelará. “Si bien pudo haber una conducta que distorsionó en algo un acto público, de ninguna manera había una intencionalidad de cometer un delito, porque lo que juzgan acá son delitos, no que alguien grite o moleste”, señaló. “No estamos hablando del reglamento de OSE ni de UTE, estamos hablando del Código Penal y de procesar gente como delincuentes”, agregó. El abogado presentará una denuncia ante la Fiscalía de Corte contra Zubía, ya que éste lo increpó en forma “bastante desagradable”. “Le pedí explicaciones y no me las dio”, afirmó. Fagúndez había opinado que Zubía tiene “una visión ideológica de los hechos” y “tergiversa la realidad”. A las 19.30, los procesados dieron una conferencia de prensa. Zabalza afirmó que la SCJ utilizó esta instancia para procesarlos “de cualquier manera”, y que se utilizan métodos del “terrorismo de Estado”. Leites denunció que se está “limitando el derecho a la protesta” y que el Poder Judicial “le está haciendo los mandados a la impunidad”. Natalia Uval – La Diaria Dossier del Blog El Muerto Silencio oficial y mentiras Comunicado a la opinión pública de los 7 procesados por asonada… Ante un acontecimiento que prácticamente parece de ciencia ficción, en un país que tiene un régimen republicano democrático y un gobierno que se jacta de “progresista”, los siete procesados por asonada, a raíz de los hechos ocurridos el 15 de febrero en la SCJ, en instancias de la ceremonia de traslado de la Jueza Mota declaramos que: 1) Es un atropello a la dignidad y a la libre expresión del pensamiento consagrado en la Declaración Universal de DD. HH., procesar a siete personas por un supuesto delito absolutamente injustificado, ya que en esa instancia, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no existió violencia alguna de parte de los ciudadanos allí presentes y el acto se realizó con absoluta normalidad. La única violencia allí constatada fue la ejercida por la fuerza represiva de la policía, quienes sin mediar palabra golpearon y empujaron, poniendo en riesgo la integridad física de cientos de personas de avanzada edad, entre otros familiares de detenidos-desaparecidos. La otra cara es que los delitos de lesa humanidad, desapariciones, asesinatos, robo de niños, tortura, etc., aún continúan sin juzgarse, amparados en la impunidad y en nuestro país caminan libremente por las calles cientos de responsables de estas aberraciones. 2) Por todo lo expuesto, estamos decididos a apelar este fallo judicial (quedando un precedente para futuras movilizaciones y luchas de otros militantes). 3) La forma en que se realizó en el día de hoy la comunicación de la sentencia, mediante un procedimiento policial, que nos condujo en calidad de detenidos primero al DOE y luego, por éstos, a los Juzgados, recordó las peores épocas del terrorismo de Estado. 4) A pesar de que estos procedimientos y fallos que pretenden criminalizar y desestimular la defensa por los Derechos Humanos, continuaremos la lucha por VERDAD Y JUSTICIA Patricia Borda procesada por asonada en Uruguay 2013 Patricia Borda COMPAÑER@S, AMIG@S, HERMAN@S..primero que nada agradecer tanta solidaridad, nunca me sentí sola. Lo vivido ayer fue mas horrendo que las pesadillas que venía teniendo sobre el tema…Golpearon la puerta, preguntaron si era Patricia Borda, me mostraron un carné que decía policía..sin nombres..y me dijeron que me llevaban detenida..SIN ÓRDEN ESCRITA DE LA JUEZ, SIN PODER LEVANTAR A MIS HIJOS, MENORES DE EDAD, DE LOS LUGARES DONDE SE ENCONTRABAN HACIENDO SUS ACTIVIDADES, SIN PODER DESPEDIRLOS, OBVIAMENTE, SIN DEJARLES DINERO PUES NO HABÍA COBRADO, SIN SABER A DONDE ME LLEVABAN. APENAS ME DIO TIEMPO A VESTIRME Y AVISARLE A MI ABOGADO..QUE NADA SABÍA Y A COMPAÑERO DEL SINDICATO. Lo viví como un secuestro, porque me decían “apague el teléfono, está detenida”..y yo les preguntaba..ustedes quienes son? nunca lo supe..donde está la orden de detención? no la tenían….muchos sentires podría contar..estuve incomunicada desde las 11 30 hasta las 15. Por esa hora, nos lleva el DOE al juzgado de misiones..alli nos encierran en la sección detenidos..nunca la juez me lleyó mi sentencia..la supe de palabras de otros..de ahi…nos trasladan al juzgado frente al teatro…nos sacan en la combi…a toda velocidad y con un patrullero delante con la sirena prendida…no se que querían demostrar…hacer creer que somos peligrosos? asustar a la gente con que si luchas te puede pasar eso? o es simplemente, mas idiotez progresista?…a los siete nos colgaron con una cadena al cuello el famoso cartelito que te enumera como delicuente, con el que te sacan la foto de frente y perfil…solo visto en películas…Tantos sentires que no los puedo contar todos hoy.. Sobretodo..que en la gente que monta esta cortina de humo para distraer y asustar..solo los guía el absurdo, la insensatez, y sobretodo la violación al derecho de libertad de expresión y pensamiento..Ayer, mi dignidad fue violada, recibí un golpe fuerte..y también lo recibió toda la sociedad, porque la impunidad, el atropello y la violación de derechos básicos se siguen violando como en los peores tiempos ..pero mis principios siguen intactos…solo se fortalezieron, asi como se fortalece la fuerza para seguir luchando. abrazo de lucha para todos y todas. Se presentaron 70 personas ante la justicia “yo también estuve” Pablo Melendrez 5 de noviembre 2013 De manera afable pero en un tono que mostraba su convicción, la jueza penal Gabriela Merialdo explicó a los imputados el alcance de su resolución de procesarlos por el delito de “asonada” por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en rechazo al traslado de la jueza Mariana Mota de la materia penal a la órbita civil. Merialdo reunió a los imputados y a sus abogados en un pasillo del segundo piso del juzgado de Misiones y 25 de Mayo. Apoyada sobre un escritorio, la jueza detallaba el alcance del fallo cuando el ex guerrillero tupamaro Jorge Zabalza la interrumpió y le preguntó si la resolución implicaba prisión, a lo que la magistrada respondió en forma negativa porque había decidido no disponer la prisión preventiva de ninguno de los implicados. Así, Merialdo comunicó a Zabalza; a la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites; a la docente Patricia Borda, a los activistas Álvaro, Eduardo y Diego Jaume (los dos últimos hijos del primero) y al secretario general de Adeom, Aníbal Varela, sus procesamientos por el ilícito de “asonada”, que está previsto en el artículo 145 del Código Penal. Borda, Varela y Álvaro y Eduardo Jaume fueron detenidos ayer por la mañana por orden de la jueza Merialdo y luego conducidos a la sede judicial por efectivos del Departamento de Operaciones Especiales (DOE). Zabalza y Leites, en cambio, se presentaron por sus propios medios y Diego Jaume fue conducido horas después ya que inicialmente no pudo ser ubicado por la Policía. El fiscal Gustavo Zubía había pedido en septiembre los procesamientos de los indagados por el delito de “atentado”. Para cuatro de ellos (Zabalza, Leites, Borda y Álvaro Jaume) solicitó la adopción de medidas “privativas de libertad” al considerar que fueron los principales “instigadores” de los incidentes del pasado 15 de febrero. En su resolución, la jueza explica que atento a la cantidad de manifestantes (unos 150) y las características del episodio, a su juicio no puede aplicarse la figura legal que planteó el fiscal en su requisitoria. “En efecto, todos ellos participaron de una reunión tumultuaria que afectó el bien jurídico orden político interno del Estado, menoscabando por la estruendosa e ilícita ocupación del Edificio público donde tiene asiento la Suprema Corte de Justicia, el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales y administrativas del máximo órgano del Poder Judicial (…)”, señala el fallo de la jueza. La resolución agrega que “no hubo lesionados ni daños” y remarca que “las agresiones a los policías actuantes, no tenían como fin lesionar sino provocar la reacción de los mismos”. Consultado ayer por El País, el fiscal Zubía dijo que entre hoy y mañana decidirá si apela la resolución de la magistrada. El representante del Ministerio Público dijo que en su momento evaluó el delito de “asonada” pero concluyó que esa figura “no cierra” con los hechos. El fallo de Merialdo, a pedido de Zubía, dispone la apertura de una nueva investigación para analizar la situación de otras 70 personas que en agosto se presentaron en forma voluntaria diciendo que también estuvieron en la movilización que tuvo lugar en la SCJ y por esa razón pidieron también ser indagadas en la causa. De acuerdo con la resolución de la jueza, una vez que se incorpore toda la documentación necesaria, el nuevo expediente presumarial pasará a estudio del fiscal. Sin delito. A la salida de la sede judicial, los abogados de los implicados señalaron que no comparten la resolución de la jueza Merialdo y por eso varios de ellos anunciaron que apelarán el fallo. El principal argumento de las defensas es que si bien es real que existió una demora en el acto de asunción de Mota como nueva jueza civil, la ceremonia protocolar finalmente se concretó y, además, esas medidas de protesta no deben ser consideradas ilícitas desde el punto de vista judicial. “Entendemos que existe una relación de tensión entre dos derechos: el de manifestarse y realizar un acto público en hora y en tiempo y forma”, dijo Pablo Donnángelo, quien junto a su colega Ignacio Durán representa a Borda. Donnángelo anunció que evaluará la posibilidad de presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. En tanto, el abogado Juan Fagúndez, defensor de Zabalza y de los Jaume, dijo que “si bien pudo haber una conducta que distorsionó un acto público, de ninguna manera hubo la intención de cometer un delito”. Por su parte, Gustavo Salle, defensor de Leites, dijo que el delito imputado por la jueza es “más leve” que el pedido por el fiscal y remarcó el carácter “tumultuario” del análisis del caso que hizo la magistrada. Durante toda la tarde hubo un fuerte operativo policial en el juzgado, donde manifestantes apoyaron a los indagados. El Pit-Cnt y COFE cuestionaron el fallo al entender que “criminaliza la protesta”. ADES para el jueves y realizará asamblea La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) realizará el jueves un paro de 24 horas en Montevideo en rechazo al procesamiento de la profesora Patricia Borda, que dispuso ayer la jueza Gabriela Merialdo. “Vamos a hacer todo lo que esté al alcance del sindicato para evitar que esto llegue a mayores y que se siga criminalizando la protesta”, aseguró ayer a El País el dirigente de ADES, Luis Martínez. “Se reprime a trabajadores sociales que son un ejemplo de este país. Es realmente lamentable lo que está pasando”, agregó. Ayer al mediodía, apenas conocida la detención de Borda, ADES decretó un paro en Montevideo. En la paralización con asamblea del jueves el sindicato evaluará posibles medidas en rechazo al enjuiciamiento de la docente, que imparte clases de química. “La gente procesada lo único que hizo fue expresar la libertad de pensamiento a través de la protesta absolutamente pacífica”, dijo Martínez. “Es una locura dictar estos procesamientos por asonada cuando hay torturadores libres y los que están presos lo están en un hotel cinco estrellas”, criticó el dirigente. De terror Policía de Bonomi montó importante operativo de custodia en las inmediaciones del Juzgado. A. Colmegna SOLIDARIDAD DESDE ARGENTINA MARCHAN HACIA LA EMBAJADA Convocados por “Uruguayos en Argentina por los Derechos Humanos”, este miércoles se realiza una marcha hacia la Embajada uruguaya, para entregar una nota de repudio al procesamiento de luchadores populares y la consiguiente criminalización de la protesta. Este es el texto de la carta que se entregó a las autoridades diplomáticas: Buenos Aires, 5 de Octubre de 1913 A LA EMBAJADA Y CONSULADO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY DN. GUILLERMO JOSE POMI BARRIOLA DÑA. LILIAN ALFARO PRESENTE De nuestra consideración: Por la presente, queremos hacer llegar a Ud. y por su intermedio al Gobierno Uruguayo y a la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, nuestro repudio por el procesamiento de luchadores sociales y de derechos humanos ocurrido en el día de ayer. Consideramos que este ha sido un nuevo y duro golpe en la institucionalidad de nuestro país, que no podemos dejar pasar, pues nos retrotrae a épocas dictatoriales que no se condicen con los tiempos democráticos que vive nuestro continente. No solamente se están violando los derechos internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por nuestro país, sosteniendo la impunidad, sino que ahora se avanza criminalizando la protesta social, contra nuestro derecho a la libertad de expresión. Nos solidrizamos por este medio con los compañeros/as que han sido detenidos/as, pues el traslado de la Jueza Mariana Motta, fue una medida más en la larga lista de violación a los derechos humanos en nuestro país, demostrando que la justicia se saca la venda a la hora de perseguir luchadores sociales y de derechos humanos, que honran a nuestro pueblo en su lucha contra la impunidad, por la memoria la verdad y la justicia, y es ciega cuando se trata de poner presos a los genocidas que deberían – luego de tantos años- estar tras las rejas. Exigimos medidas que nos muestren la voluntad política de ponerse acordes al derecho internacional en la lucha contra la impunidad que ha colocado a nuestro país como violador de derechos humanos y garantías individuales, se desprocese a los luchadores actualmente procesados y que estos hechos lamentables, no vuelvan a ocurrir. Ana M. Parnás Alicia Pedemonte Yonidy De León Perdomo Mary Quijano Edward Cuña Nelly Arguello “Tito” San Román